Dicen en mi pueblo que, cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Algo así sucede en España cuando con un 20% de tasa de paro, el sistema sanitario y educativo pendientes de un hilo, el agujero de las prestaciones que deglute treinta mil millones de euros al año y a punto de la quiebra, algunos, más endeudados que nadie, por cierto, se dedican a hacer guerra de algo que es ílegal aún cuando el propio ordenamiento jurídico en que se basan así lo señala. Tal es el caso del Parlamento Catalán que ha descubierto, oh, maldición, que el mismo Estatú impide marginar al Castellano en favor del Catalá. Tal cosa viene recogida en Libertad Digital, que a su vez lo toma de La Voz de Barcelona:
Los servicios jurídicos del Parlamento autonómico de Cataluña han remitido este viernes un informe a la Cámara autonómica en el que proponen la ‘inadmisión’ de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que instaba a tramitar un nuevo texto legislativo para establecer que el catalán sea ‘la única lengua vehicular’ de todas las ‘actividades académicas, escolares, extraescolares, complemtarias y administrativas’ en las escuelas de Cataluña.
En el informe, que se ha conocido este martes, los abogados del Parlamento autonómico argumentan, entre otras cosas, que ‘la legislación estatutaria, amparada en el artículo 3 de la Constitución, no permite desplazar total y absolutamente el castellano de la enseñanza en los términos tan extensos como pretende la proposición de ley presentada’. ‘Tanto el derecho a utilizar el castellano como su carácter oficial, no permiten proscribirlo de toda la actividad desarrollada en la escuela y en el entorno de la escuela, en todos los niveles, grados y ciclos, y por tanto, resultaría inconstitucional, además de antiestatutaria, la regulación propuesta de forma clara y evidente’, añade.
También señalan que ‘la jurisprudencia constitucional, por su parte, sostiene la interpretación de que el artículo 3 de la Constitución no permite excluir el castellano como lengua vehicular, sin perjuicio de que el catalán lo sea, con mayor presencia ("resulta legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo", STC 337/1994, FJ 10, criterio reiterado en la STC 37/2010, FJ 23)’.
De esta forma, ya son dos los departamentos jurídicos autonómicos que reconocen que el español no puede dejar de ser lengua vehicular escolar, a pesar de que, en la práctica, solo lo es el catalán. El propio Gobierno autonómico, en su recurso del pasado 7 de septiembre, como respuesta al auto del TSJC que insta a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo para reintroducir el bilingüismo escolar, reconocía que el castellano ha de ser lengua vehicular.
En base a este informe, la mesa del Parlamento autonómico (compuesta por CiU, PSC y PP) ha decidido por unanimidad rechazar la ILP. Curiosamente, los servicios jurídicos de la Cámara autonómica comparten los argumentos con los más de 500 padres que han solicitado una educación bilingüe en escuelas públicas de Cataluña, tal y como han ordenado cinco sentencias del Tribunal Supremo y diversos dictámenes del Tribunal Constitucional.
De forma también sorprendente, poco después de rechazar la ILP, la junta de portavoces del Parlamento autonómico ha aprobado una declaración de apoyo al modelo de inmersión lingüistica escolar obligatoria que establece el catalán como única lengua vehicular en los colegios. El texto ha recibido el apoyo de los representantes de CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC; la abstención de Solidaritat; y el rechazo de PP y Ciudadanos.
El portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, ha negado que el castellano esté excluido como lengua vehicular del sistema escolar catalán, a pesar de que no se conoce ni un solo colegio público bilingüe (castellano-catalán) en toda Cataluña, y que el Tribunal Supremo ha conminado a ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.
"Si hay dos lenguas oficiales, las dos son vehiculares. La cuestión está en cómo se administra esto. Y esto, a quién el TC confiere autoridad para administrarlo es al departamento de Enseñanza, que lo hace en función de las consideraciones fundamentalmente pedagógicas con que cree que lo ha de administrar", ha respondido
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