1. Hay
que revitalizar y fortalecer la Sociedad Civil, que debe ser la
protagonista de la regeneración democrática que necesita España y de su
reestructuración política, social y económica. Queremos abrir un debate y
motivar a los ciudadanos para que ejerzan la soberanía que les
corresponde. Con esta finalidad, todas las actividades de nuestra Red se
llevarán a cabo dentro de la Ley. Todo de forma pacífica y moderada. No
aceptamos la pasividad y la resignación ante esta España que no nos
gusta. Ha llegado el momento de ponernos en marcha hacia la España del
bienestar para todos.
2. Es
urgente racionalizar y modernizar el Estado para que esté al servicio
de los ciudadanos, cumpliendo sus obligaciones eficientemente, al menor
coste posible. Como no es sostenible seguir funcionando con 17 ruinosas
Autonomías, queremos un Estado Unitario
que garantice la igualdad de
todos los españoles tanto en derechos como en oportunidades y
obligaciones, pero respetando, en sus justos y ponderados términos, los
hechos diferenciales existentes en nuestra nación que sean compatibles
con nuestra condición y con nuestra vocación de Estado miembro de la
Unión Europea. Los tres poderes del Estado —legislativo, ejecutivo y
judicial— deben estar rigurosamente separados, pues es antidemocrático y
perverso que uno de ellos
invada y avasalle a los otros. Los funcionarios al servicio del Estado
deben ser seleccionados mediante oposiciones transparentes con temarios
únicos para toda España y deben poder servir en toda España sin ningún
tipo de limitaciones.
3.
No podemos mantener entidades o instituciones duplicadas o triplicadas y
mucho menos inútiles, como el actual Senado. Cada función o competencia
corresponderá a una sola Administración y a una sola institución.
4.
España necesita renovar en profundidad su actual clase política y
prescindir del régimen partitocrático que asfixia el progreso y
desarrollo de la nación. La pasividad y la impotencia que manifiestan
los partidos políticos no deben bloquear el cambio indispensable que
demandan los sectores más lúcidos y dinámicos de la Sociedad Civil. La
vigente Ley Electoral impide que los ciudadanos podamos elegir
directamente a nuestros representantes y autoridades. Creemos que el
voto nominativo en distritos uninominales nos devolverá el poder y la
soberanía a los ciudadanos, que hemos de ser representados, en Las
Cortes, por diputados que se deberán a los votantes, no a los partidos.
Queremos acabar con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que
sólo favorece a una partitocracia institucionalmente corrupta. El fuero
del que gozan los parlamentarios debe ser efectivo únicamente para actos
y dichos en sede parlamentaria. Para delitos comunes cometidos por
políticos, debe ser competente la jurisdicción ordinaria.
5.
Los sindicatos, las patronales, los partidos políticos y las
fundaciones son organizaciones que deben ser financiadas por sus propios
adherentes o militantes. El dinero de los españoles debe ser utilizado
con criterios de eficiencia y con sentido solidario, pero no puede ser
malgastado en instituciones de carácter privado, ni en arbitrarias
subvenciones. En cambio, sí que debe potenciarse el crédito que se
dirija específicamente a crear empleo y a mejorar productividad.
6.
El ejercicio de la política no debería ser una profesión, sino una
actividad transitoria. Los políticos deben percibir los sueldos
correspondientes, mientras se mantengan en sus cargos, y cobrar las
prestaciones que les correspondan de la Seguridad Social, a la que deben
haber cotizado, si no obtienen un trabajo al abandonar la actividad
política. Ningún político tendrá derecho a percibir ningún tipo de
prestación del Estado una vez finalizadas sus funciones, exceptuando
aquellas situaciones en que la seguridad personal y familiar pueda estar
en riesgo.
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